Fábricas recuperadas - Proyecto de Ley

Quiebras que no pagarán los empleados

La lucha de los trabajadores que pugnan por poner en marcha las empresas quebradas y abandonadas por sus dueños tuvo ayer una respuesta inesperada, pero largamente reclamada. La presidenta de la Nación anunció el envío al Parlamento de un proyecto de modificación de la ley de quiebras “que garantice la continuidad de las empresas abandonadas por sus patrones en manos de sus trabajadores”. El proyecto toma los ejes de la propuesta que, en su momento, presentó el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, luego adoptado por el Inaes (Instituto Nacional de Economía Social). Ya funcionan más de cien fábricas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores, pero hay más de 3000 en todo el país en situación de quiebra y paralizadas por indefinición judicial o desconocimiento de la posibilidad de continuidad en manos de sus trabajadores.

Uno de los ejes del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso es que habilitará a los jueces que intervengan en una quiebra empresaria a que en forma inmediata y automática faciliten la continuidad de la actividad en manos de sus trabajadores, si éstos manifiestan su voluntad en este sentido. “En la legislación actual el juez, ante una quiebra, ordena el inventario y desaloja la planta”, señaló Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, a Página/12. “Si los trabajadores deciden quedarse, el juez puede encontrar la forma de habilitarlos a seguir produciendo, pero de un modo artesanal, con una solución de carácter jurisprudencial, que no está escrita en la ley”, indicó. Pero lo habitual es que el dueño quebrado apele y logre el desalojo de la planta, especulando con su venta y traspaso a terceros ya libre de empleados. La nueva ley, en cambio, garantizaría la continuidad en manos de los trabajadores.

Otro punto central de la nueva legislación es el referido a las indemnizaciones y créditos laborales diversos (salarios, vacaciones y otras remuneraciones impagas al momento del cierre). En la ley actual, el trabajador de la empresa quebrada sólo tiene derecho al 50 por ciento de la indemnización, y depende para el cobro de sus créditos de lo que se obtenga del remate de los bienes de la planta fallida. Remates que, por otra parte, no se destacan por su transparencia. Además, los trabajadores van detrás de los acreedores prendarios e hipotecarios en la “cola” para cobrar. La modificación que propone el Ejecutivo establecerá el derecho al cobro del ciento por ciento de la indemnización por despido, y habilitará al juez comercial a adjudicar en forma directa la planta a los trabajadores si éstos deciden hacer una oferta para la compra de la misma, constituyendo sus créditos como forma de pago.

Nota completa:

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-142251-2010-03-18.html

-------------------------------------------------------------

Nota relacionada: Por Esteban Magnani

Oportunidad para crecer

Es que hay una diferencia cualitativa entre las empresas privadas y las autogestionadas: las primeras persiguen un excedente que es su razón de ser y, si éste deja de existir, la empresa despide trabajadores hasta recuperarlo o simplemente se retira del mercado en busca de opciones más rentables. Este tipo de cierres, basados en decisiones privadas “legítimas”, dejan a miles de personas en la calle y ya han generado debates en países como Francia: ¿hasta qué punto la decisión de cerrar una empresa no debería ser una decisión de la sociedad, su principal víctima?

Entre tanto, las recuperadas parten de una lógica distinta: el objetivo es multiplicar el trabajo y su remuneración. Esto ha quedado demostrado en que las recuperadas sobrevivieron la crisis sin resignar trabajadores gracias a que éstos absorbieron la caída de los ingresos en forma pareja, cuando fue necesario, reduciendo las horas de trabajo. El resultado es que no se crean dos castas, los superocupados y los desocupados, sino que todos encuentran una forma de sobrevivir dignamente hasta que las cosas mejoren. Este tipo de prácticas innovadoras de reducción de horas de trabajo se ha implementado incluso en algunos países de Europa. Cabe aclarar que en realidad la crisis ha incrementado el número de recuperaciones; durante 2008 se ha producido una segunda ola de recuperaciones de empresas fallidas que sus dueños ya no podían o querían sostener y que actualmente se encuentran produciendo.

Si bien ya se puede decir que la experiencia de las recuperadas, pese a su heterogeneidad, ha sido exitosa en términos de supervivencia y de incorporación de trabajadores, necesita al menos dos herramientas que les permitan consolidarse definitivamente y competir en condiciones de igualdad en el mercado. En primer lugar necesitan acceder al crédito de forma más sistemática y por montos más altos. Es que muchas recuperadas no pueden ganar clientes debido a que éstos les piden realizar el pago contra entrega o incluso diferido. De esta manera, la falta de espalda financiera les dificulta la posibilidad de ganar mercado. Los subsidios de distintos sectores del Gobierno suelen ser para maquinarias o seguridad e higiene, pero casi nunca para capital de trabajo. Por otro lado, los bancos no saben cómo tratar a las cooperativas o simplemente no están dispuestos a dar créditos sin una garantía, lo que nos lleva al segundo problema: la falta de una resolución definitiva sobre la propiedad de las recuperadas. En un primer momento las expropiaciones que (en la mayoría de los casos) permitieron la autogestión obrera fueron un parche legal de corto plazo, que requería que el Estado cumpliera con el pago de las indemnizaciones para que, a su vez, los trabajadores pudieran comprar la empresa por medio de un crédito. Este pago, salvo por alguna excepción, no ha ocurrido con una consecuencia más grave: algunos trabajadores se niegan a seguir invirtiendo para el largo plazo de una empresa que no es de ellos.

Nota completa: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-140767-2010-02-22.html